Donaciones inesperadas, testamentos cuestionados o transferencias sospechosas tienen cada vez más un origen común en los tribunales españoles: decisiones tomadas bajo un deterioro cognitivo o una demencia no diagnosticada.
España tiene alrededor de 800.000 personas con algún tipo de demencia, y se estima que entre un 30 y un 50% de los casos no llegan a recibir un diagnóstico formal. En ese espacio de invisibilidad, entre los primeros síntomas y el reconocimiento médico formal, se producen algunas de las situaciones más injustas que llegan hoy a los tribunales: personas mayores que firman documentos que no comprenden del todo o nada, que transfieren cantidades de dinero sin ser su voluntad, que modifican testamentos o que aceptan condiciones claramente perjudiciales para sus intereses debido a que no tienen la capacidad real de valorar lo que están haciendo.
“El problema no es solo la estafa en sí. El problema es que, cuando la familia lo detecta, el daño ya está hecho”, explica la neuropsicóloga forense Andrea Horta-Barba, coordinadora de la Comisión de Neuropsicología Forense del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) y especializada en evaluación pericial de capacidades cognitivas. “Ahí es donde entra nuestro trabajo.”
Cuando el deterioro precede al diagnóstico
El deterioro cognitivo, que en muchos casos precede a la demencia, puede afectar a la memoria, pero también, y de manera especialmente relevante en términos legales, a las funciones ejecutivas, que son las que rigen la capacidad de planificar, razonar, detectar engaños y tomar decisiones complejas. Una persona en esta etapa puede mantener una conversación completamente fluida, reconocer a sus familiares y moverse con autonomía, pero carecer de la capacidad para valorar correctamente las consecuencias de firmar un poder notarial o de identificar que quien le pide dinero le está engañando.
“Hay perfiles de estafadores que saben exactamente cómo explotar esto”, señala la Dra. Horta-Barba. “Se aprovechan de la soledad, de la tendencia a la confianza excesiva que aparece en ciertos cuadros cognitivos, o simplemente de que la víctima tiene dificultades para retener lo que le explicaron hace cinco minutos.”
Qué puede demostrar un informe neuropsicológico forense
Cuando se sospecha que alguien ha sido víctima de una estafa o de una manipulación, ya sea por parte de un desconocido, de un cuidador o incluso de otro familiar, se puede solicitar una evaluación neuropsicológica pericial. Este informe se elabora mediante baterías de pruebas estandarizadas que miden las capacidades cognitivas, pero también la conducta: un aspecto especialmente relevante en ciertos tipos de demencia, donde la desinhibición, la impulsividad o la pérdida de juicio social pueden convertir a la persona en una persona especialmente vulnerable a la manipulación. Todo ello permite determinar con rigor científico cuál es o cuál era el estado cognitivo de la persona en el período en que ocurrieron los hechos.
“La evaluación puede realizarse de distintas formas según la necesidad del caso. En ocasiones evaluamos directamente a la persona para determinar si su capacidad es adecuada en el momento presente; en otras, a partir de informes médicos previos, historia clínica y otras fuentes disponibles, inferimos cuál era su capacidad en un momento anterior concreto, el momento cuando firmó ese documento o realizó esa transferencia”, explica la especialista. “Esta flexibilidad metodológica convierte el informe neuropsicológico forense en una herramienta válida para muy distintas situaciones judiciales.”
Por ejemplo, este tipo de peritaje se utiliza en procedimientos civiles para impugnar testamentos, anular contratos o revisar donaciones; también en causas penales donde el deterioro cognitivo de la víctima es relevante para determinar el grado de vulnerabilidad explotada por el presunto estafador.
La importancia de acudir a un profesional con la formación adecuada
No todos los informes tienen el mismo peso ante un tribunal. Para que un peritaje neuropsicológico sea válido y sólido en un contexto judicial, es imprescindible que quien lo elabore cuente con una formación sólida tanto en neuropsicología clínica como en neuropsicología forense.
“Un informe neuropsicológico elaborado sin conocimiento del contexto forense puede ser técnicamente correcto y, aun así, no servir ante un tribunal”, advierte la Dra. Horta-Barba. “El perito tiene que saber no solo evaluar, sino también comunicar sus conclusiones de forma que sean comprensibles para jueces y abogados, y estar preparado para sostenerlas bajo un interrogatorio cruzado.”
Las señales que las familias no deberían ignorar
La Dra. Horta-Barba señala algunas señales de alerta que las familias deberían tomar en serio: cambios en la gestión del dinero o en los hábitos de gasto, donaciones o préstamos injustificados a personas de reciente conocimiento, firma de documentos sin informar a la familia, desconfianza repentina hacia los seres queridos o, por el contrario, una confianza excesiva hacia personas desconocidas.
“Muchas familias llegan a nosotros cuando ya hay un proceso judicial abierto. Pero cada vez hay más que acuden de manera preventiva, para tener una evaluación que documente el estado cognitivo de su familiar en un momento determinado. Eso puede marcar una diferencia enorme si más adelante hay que acreditar hechos ante un tribunal”.
La Dra. Andrea Horta-Barba es neuropsicóloga forense, coordinadora de la Sección de Neuropsicología Forense del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), y especializada en evaluación pericial de capacidades cognitivas. Más información en peritajeneuropsicologico.com.